Quien siembra la miseria, recoge la rabia

Foto de Jordi Borrás

Por Perspectiva 

Lo que no cuentan los medios es que la población arde de rabia más que los contenedores del Paseo de Gracia en Barcelona, desde la mañana del lunes 14 de octubre. El desencadenante, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Español que condena a entre 9 y 13 años de prisión a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, 7 representantes políticxs catalanes y 2 líderxs de organizaciones en favor de la lengua catalana. Así estalló como un tsunami la ola de protestas contra el dictamen jurídico que ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, ¿qué hay realmente detrás de las imágenes de los periódicos internacionales mostrando la capital catalana en llamas?

Ante todo, la pregunta que últimamente parte de la población catalana se plantea es: ¿Qué es violencia? ¿Es un acto violento quemar un contenedor? ¿Pintar una pared con un mensaje que abre los ojos a algunxs y molesta a otrxs? Si nos ceñimos a la definición de la Real Academia Española de la Lengua, podríamos concluir que todo aquello que sea consecuencia de la ira es un acto violento, por lo que estas acciones podrían englobarse en tal descripción. No obstante, la cuestión verdadera es: ¿Es legítimo el uso y el destrozo del mobiliario público en un contexto de protesta? Este asunto no es exclusivo del conflicto catalán, sino que es extrapolable a Chile, Ecuador, Bolivia y tantos otros escenarios de lucha contra el Estado en el mundo.

La realidad es que las imágenes del skyline manchado de humo negro en Barcelona han sido virales entre los medios de información convirtiéndose en una portada amarillista del conflicto catalán. De mientras, en las calles de las ciudades del territorio, la población grita al unísono: “No es violencia, es autodefensa”. Las mediáticas barricadas se usan tanto como barrera física para defenderse del grado desproporcionado de violencia ejercido por el cuerpo policial, como en respuesta a la violencia institucional practicada por los Estados, la cual es permitida y normalizada a diario.

Es interesante analizar en qué se centran los discursos de la clase dirigente, tanto catalana como española ―dejando a un lado las claras diferencias en cuanto a la sentencia jurídica―, cuando referencian a los hechos sucedidos durante estas últimas semanas. Los discursos políticos, con la ayuda de los medios oficiales, se centran en criminalizar a lxs manifestantes y sus acciones “violentas”, con tal de desviar la atención de la causa por la que la población sale a la calle, poniendo así, en primer plano, las acciones de la población civil. Basan sus declaraciones únicamente en las consecuencias de las protestas invisibilizando el motivo de éstas. Siguiendo con la definición de violencia, cabe remarcar que ésta tiene muchas formas, y actualmente existe una escala de criminalización impuesta por el sistema en la que nos permite discernir únicamente de una manera cuál de ellas está normalizada y socialmente permitida. Sin embargo, ¿acaso no es un ataque directo contra la democracia condenar a más de 100 años de prisión en total a lxs líderes catalanes por organizar un referéndum de autodeterminación? ¿No lo es aplicar una ley que suspende la mayoría de los poderes de la Generalitat, máximo órgano de gobierno catalán, después del 1º de octubre de 2017? A su vez, ¿tampoco lo es que haya personas exiliadas en Europa, raíz de este conflicto? Bendita Unión Europea y su eslogan comercial de respeto por las libertades.

Por otro lado, ¿por qué seguimos justificando la violencia policial como una medida necesaria y normalizada para restablecer el orden en un supuesto “caos” producido por una lucha social? Hace años que los cuerpos policiales del Estado, en Cataluña y en el resto de las comunidades autónomas del Estado español, tienen un repertorio variado en cuanto a la represión. En su mayoría incluyen un grado elevado de violencia física para disolver a lxs manifestantes. Durante estos días, se publicaban titulares en TV3, la televisión catalana, tales como: “El jefe de los mossos elogió la ‘profesionalidad’ del cuerpo delante de una violencia «nunca vista»”. Las imágenes grabadas muestran el uso de la fuerza indiscriminado por parte de estos, solo distinguiendo la ideología política sobre los cuales la ejercen. Durante estos últimos años, en numerosas ocasiones, los cuerpos policiales han demostrado su complicidad con los grupos de neonazis o de ultraderecha, mostrando su apatía ante sus ataques fascistas. Estas dos semanas, frente a los centenares de identificaciones y detenciones arbitrarias practicadas por la policía hacia manifestantes independentistas, los grupos de ultraderecha andaban a sus anchas “escoltados” por sus fieles aliados por la ciudad condal buscando el enfrentamiento directo con los antifascistas. La mañana del 19 de octubre, Barcelona despertó con las imágenes de una brutal agresión fascista, donde se ve cómo los agresores portaban palos y mástiles de banderas con los que golpearon en la cabeza a un joven antifascista de 23 años.

Dentro del abanico usado para reprimir las protestas independentistas, destacan los golpes de porra, los encapsulamientos de personas y el uso de gases lacrimógenos, los cuales limitan los movimientos de la población y ésta los describe como momentos de caos donde el miedo se apodera de lxs presentes. También, los famosos carruseles, donde las furgonetas policiales avanzan a mucha velocidad en dirección a lxs manifestantes con tal de dispersarlos. En Tarragona, un joven de 17 años fue atropellado en una de estas acciones policiales y actualmente sigue ingresado por un traumatismo craneoencefálico grave. A pesar de la prohibición de su uso en Cataluña desde el 30 de abril de 2014, uno de los protagonistas de las protestas han sido los proyectiles de goma, los cuales eran disparados de manera indistinta por los Mossos de Escuadra ―cuerpo policial de Cataluña―. Estas armas causaron la pérdida de un ojo a cuatro manifestantes durante estos días. La población define la violencia ejercida por parte de la policía de un calibre nunca visto en los últimos años.

Según los datos facilitados por el ministro de Interior del gobierno español en funciones, Fernando Grande-Marlaska, hubo 194 detenciones durante los 6 primeros días de movilizaciones: 154 han sido practicadas por los Mossos d’Escuadra, 32 por el Cuerpo de Policía Nacional y 8 por la Guardia Urbana. A dos semanas de la sentencia, el recuento ya alcanza la cifra de 213 detenidxs, 48 de lxs cuales están en prisión. Por el otro lado, las protestas dejaron 582 personas atendidas por los Servicios de Emergencias Médicas tan solo en la primera semana, a la espera de nuevos recuentos. A pesar de la gran cantidad de heridxs, el presidente español en funciones, Pedro Sánchez, únicamente visitó el pasado martes 22 de octubre, al policía ingresado en el hospital de Sant Pau, en Barcelona. Saliendo de éste, se encontró una concentración de rechazo a su presencia con gritos de “libertad presxs políticxs”. Además, destacar que durante estas jornadas, el Estado ha abierto a dos personas expedientes de internamiento con orden de expulsión en CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) al ser identificados durante las manifestaciones. Y así es, como siempre, que los Estados realizan detenciones arbitrarias aprovechando el contexto de “caos” social.

Pero, ¿estas jornadas solo dejaron números estadísticos? La población está enfada y siente impotencia. Brota la rabia no solo contra la sentencia, sino a su vez contra la represión vivida. El pueblo se siente desamparado por las grandes esferas políticas institucionales, tanto las propias catalanas, como las españolas, y es inevitable el sentimiento abrumador referido por la dificultad de dar respuesta a un problema que sobrepasaba las expectativas. Asimismo, la realidad del movimiento independentista es transversal y las formas de acción no siempre coinciden, por lo que a veces éstas causan discrepancias dentro del propio grupo. Por el contrario, lo que es un hecho, es que delante de una acción represiva de gran envergadura como la vivida, la respuesta de resistencia es mayor. La población usa todas sus cartas. Durante estos días, las muestras de solidaridad han estado presentes desde el inicio en toda España. El más claro ejemplo son las llamadas “Marchas por la Libertad”, en las cuales miles de personas de diferentes regiones de Cataluña caminaron desde el martes 14 de octubre, para llegar el viernes a la capital catalana, en el marco de la huelga general convocada.

El conflicto ya no va de independencia, se ha convertido en una cuestión de dignidad contra el gobierno español que une a personas tanto de Cataluña como de otras regiones. El pueblo catalán planta cara a un estado represivo que desde el inicio ha usado el poder judicial para solucionar un conflicto político. Cuando la política estatal usa las leyes como armas opresoras para conservar la preciada “Unidad Nacional”, el pueblo responde con su herramienta más preciada: la organización y la movilización. En definitiva, una vez más, el Estado español, orgulloso de las bases establecidas en la famosa transición, demuestra su cara más feroz. Y por consiguiente, el pueblo responde.

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