Deforestación y ecogubernamentalidad

Nuevas contradicciones y situaciones para el nativo ecológico[1]

 

Por: Damaris Paola Rozo López[2]

 
“El surgimiento de la ecogubernamentalidad,
relacionada con las políticas ambientales globales
y el reconocimiento del multiculturalismo,
implica nuevas situaciones y contradicciones”.
 (Ulloa, 2004, p. 46)

 

 

Del ambientalismo se desprenden distintas concepciones, tendencias y posiciones que buscan enfrentar la crisis ambiental. Esto ha dado lugar a la generación de respuestas globales, las cuales han producido unos procesos de control en el que las acciones globales trascienden concepciones e intereses locales. Esta dinámica ha creado una serie de interdependencias entre lo local y lo global. En este sentido, los problemas ambientales se convierten en excusa de soluciones globales y procesos de universalización de estrategias para un “buen” manejo del medioambiente. Así, la mirada occidental del derecho ambiental internacional impone la idea de que en la defensa del medioambiente todos los humanos se asumen como supuestamente iguales sin distinción de clase, raza, género o etnia. Esto se fundamenta en el principio de que todos los seres humanos comparten un “futuro común”, por lo que es necesario asumir la tarea de resolver las problemáticas ambientales. De esta manera, la ecogubernamentalidad parece determinar las prácticas ambientales cotidianas en el interior de las relaciones desiguales de poder. Es en esta perspectiva que los indígenas son introducidos en nuevos circuitos de producción y consumo verde, en los que sus epistemologías y costumbres son parcialmente reconocidas.

Por ende, el propósito de este artículo es entender la ecogubernamentalidad y su impacto en las sociedades contemporáneas. Por lo que en este análisis se sostiene que la ecogubernamentalidad, como proyecto moderno, se inscribe en una lógica de medios-fines propia de la racionalidad moderna, lo cual potencia proyectos y políticas contrarias a la protección ambiental. Para desarrollar esta afirmación, se utilizará la conceptualización de la ecogubernamentalidad y su estrecha relación con las políticas sobre la multiculturalidad. Más adelante, se expondrá la principal contradicción de la ecogubernamentalidad y la tensión de esto con las luchas históricas de los pueblos indígenas. Posteriormente, se estudiará el concepto de naturaleza como fundamento del proyecto occidentalocéntrico de la ecogubernamentalidad. Finalmente, se analizará cómo la idea de la naturaleza como un producto de la lógica instrumental de medios-fines de la racionalidad occidental potencia uno de los fenómenos socioambientales más preocupantes en la actualidad para América Latina y, especialmente, para Colombia: la deforestación.

 

  1. Ecogubernamentalidad: una apuesta asimilacionista limitada para la defensa de la Pachamama

 

La ecogubernamentalidad es un concepto en el que los pueblos indígenas son particularmente relevantes. Para Ulloa (2004), la ecogubernamentalidad es una noción que surge a partir de la generación de políticas, discursos, así como de representaciones y prácticas ambientales -locales, nacionales y transnacionales, las cuales interactúan en aras de dirigir a los actores sociales a pensar y comprometerse de formas particulares con fines específicos como: “desarrollo sostenible”, “seguridad ambiental”, “acceso a recursos genéticos”, “conservación de la biodiversidad” y demás. En esta idea de ecogubernamentalidad, las perspectivas culturales y ambientales de los pueblos indígenas los ponen como uno de los sectores sociales centrales. Aunque vale la pena resaltar que además de este actor social clave, se pueden encontrar las organizaciones ambientales ―ONG´s y gubernamentales―, los ambientalistas y las comunidades científicas como agentes importantes en el proceso de regular y dirigir las acciones sociales, según los discursos alineados con una idea de gobernabilidad ambiental global, en la que se generan políticas internacionales sobre el medioambiente que guían las decisiones y acciones de los estados-nación. 

Según Gupta (1998) y Luke (1995), desde la perspectiva de la ecogubernamentalidad se construyen y fortalecen políticas, discursos y prácticas nacionales e internacionales que adentran a los pueblos indígenas en un círculo económico de producción y consumo verde. En este sentido, se entiende que el ambientalismo global trae consigo una serie de tratados y convenios internacionales y, con ellos, procesos de monitoreo que regulan la relación entre las personas y la naturaleza a escala global (Gupta, 1998). Es  necesario destacar que los discursos alrededor del ambiente emergen con el biopoder como parte fundamental de la constitución del “hombre” moderno, el cual se convierte en pretexto para regular la vida a través de la política (Luke, 1995). Los problemas globales, entonces, son excusa para “soluciones” globales y procesos de universalización de estrategias de manejo del medioambiente. Desde este panorama es que los pueblos indígenas y sus epistemologías son introducidos en nuevos circuitos de producción y consumo sostenible, en los que sus conocimientos y prácticas empiezan a ser reconocidos (Ulloa, 2004).

De esta forma, la ecogubernamentalidad está ligada a las políticas sobre la multiculturalidad. Al respecto, Hale (2001) sostiene que el reconocimiento del multiculturalismo está estrechamente relacionado con las políticas neoliberales que enaltecen los derechos del reconocimiento. Es decir, que por medio del multiculturalismo el Estado “reconoce” a las culturas indígenas y, a su vez, las reconstituye a su imagen para evitar excesos radicales. Lo anterior se hace evidente en los avances y las limitaciones del reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos en el Convenio 169 de la OIT de 1989, tratado que surge en respuesta a las demandas y luchas indígenas que se fortalecieron hacia los años 70 (Stavenhagen, 2002; Huaco, 2015). En este escenario, para Ulloa (2004), el ambientalismo invoca al nativo ecológico[3] como un actor fundamental en sus discursos, mientras que los pueblos indígenas plantean que su contribución a los discursos ambientales es el profundo respeto que ellos tienen por la naturaleza o, mejor, por la Pachamama. En esta medida, el reconocimiento de los derechos indígenas y de los derechos ambientales contiene contradicciones jurídico-políticas basadas en los derechos de la propiedad intelectual de los recursos naturales.

Una de las contradicciones más importantes de la ecogubernamentalidad es la separación entre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales. En el posicionamiento de la ecogubernamentalidad, por un lado, se genera un refuerzo de la propiedad privada de los recursos naturales desde las políticas ambientales, por el otro, se produce un reconocimiento de los derechos de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas. Es decir, que el reconocimiento de la naturaleza como mercancía que puede ser medida, contada y comprada produce nuevas situaciones económicas y culturales para los pueblos indígenas (Ulloa, 2004). Esto ha dado lugar a que tales pueblos tengan presencia en espacios internacionales, ya que tienen territorios con gran biodiversidad, lo que implica el reconocimiento transnacional del derecho colectivo que los pueblos indígenas tienen sobre sus territorios. Sin embargo, paralelamente, también se ha generado un proceso de reafirmación de la naturaleza como mercancía y objeto maleable desde el proyecto de la ecogubernamentalidad.

 

  1. Deforestación: una mirada crítica a la idea de naturaleza del proyecto ecogubernamental

 

La deforestación puede entenderse como la materialización del concepto occidentalocéntrico de “naturaleza”, el cual sirve de fundamento a los discursos de la ecogubernamentalidad. Según Grosfoguel (2016), el concepto de naturaleza está inscrito en el proyecto civilizatorio de la modernidad, ya que éste implica la división entre sujeto (humano) y objeto (naturaleza). Aquí, el sujeto es el que tiene la vida, y todo lo demás se considera como objetos inertes. Vale la pena resaltar que “en otras cosmogonías la palabra «naturaleza» no aparece, no existe, porque la llamada «naturaleza» no es objeto sino sujeto y forma parte de la vida en todas sus formas ―humanas y no-humanas― (Grosfoguel, 2016, p. 129). La separación sujeto-objeto reafirma entonces la idea occidental de que la naturaleza-objeto es inferior al ser humano. Lo que, de igual forma, inscribe a la naturaleza en la lógica instrumental de medios-fines de la racionalidad occidental, en la que ésta se convierte en un medio para un fin (Grosfoguel, 2016). Es decir, que desde la perspectiva dualista cartesiana occidentalocéntrica, lo humano es concebido como algo externo y superior a la naturaleza.

Esta racionalidad ha sido aplicada en Colombia a partir, entre otras cosas, de la implementación de tecnologías para el desarrollo rural, por parte del Estado y los terratenientes, en los procesos de explotación agropecuaria extensiva, ganadería extensiva y explotación forestal. Lo que ha perpetuado la destrucción de la vida con base en la noción de naturaleza descrita anteriormente. Para Grosfoguel (2016), cuando la racionalidad moderna es aplicada en la producción tecnológica se tiene la racionalidad de la destrucción de la vida, dado que toda tecnología construida bajo la noción de naturaleza, entendida desde el dualismo occidental-céntrico, no tiene pensada la reproducción de la vida.

De acuerdo al informe de la FAO (2018), las principales causas de la deforestación en el país están relacionadas directamente con la expansión de la frontera agrícola, la extracción de madera, la expansión de la infraestructura y la minería. Adicionalmente, en el estudio de la FAO (2018) se plantea que hay factores indirectos de la deforestación entre los cuales se encuentran: elementos culturales, institucionales, políticos, económicos y demográficos. Tanto los factores directos como los indirectos de la deforestación reflejan aquella perspectiva de la naturaleza en la que se enaltece una “civilización de la muerte”, ya que ésta ha “destruido más formas de vida (humana y no humana) que ninguna otra civilización en la historia de la humanidad” (Grosfoguel, 2016, p. 129). En este sentido, la deforestación y sus justificaciones enraizadas en la noción de “naturaleza” evidencian una civilización “ecologicida”, que ha puesto en cuestión la supervivencia no solo de las especies no humanas, sino también de la especie humana (Sánchez, 2002; Shiva, 2004).

En Colombia, en 2017, se perdieron 219.973 hectáreas de bosque, aunque en 2018 se logró desacelerar este proceso con un resultado de 197.159 hectáreas deforestadas (Mongabay, 2020). En el 2019, se perdieron 158.894 hectáreas principalmente en la Amazonía colombiana (Agronegocios, 2020). Sobre esta problemática se afirma que las principales causas de la deforestación han sido relacionadas con procesos de praderización, cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva, ampliación de la frontera agrícola de forma legal e ilegal, titulación desmedida de baldíos por parte del Estado y el tráfico de fauna, flora y madera (Mongabay, 2019). A pesar de conocer algunas de sus causas, no se ha logrado frenar la deforestación en el país, lo que ha dado lugar a impactos negativos sobre los pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano. La tala de bosque para la ganadería extensiva, la extracción minera y petrolera y los monocultivos han puesto en riesgo la supervivencia de gran parte de las poblaciones indígenas en el país, dado que estas son desplazadas por empresas, gobernantes, ganaderos y demás actores interesados en acumular capital, a partir de la extracción de los recursos naturales que están en los territorios indígenas (VerdadAbierta.com, 2018; El Espectador, 2019; Semana Sostenible, 2019). Por consiguiente, la ecogubernamentalidad se convierte, en este contexto, en mecanismos, políticas y proyectos que más que proteger el medioambiente, promueven su destrucción, lo que, a su vez, está impactando negativamente a aquellos sujetos políticos que construyó para fortalecerse: los nativos ecológicos.

Varios académicos han afirmado que la crisis ecológica es, a su vez, una crisis de la ontología moderna dualista. Según Leff (1998) y Plumwood (2002), el modelo de pensamiento binario que enaltece la escisión entre naturaleza y cultura ha generado y justificado procesos de desconexión entre el ser humano y su entorno. Dicha desconexión ha establecido una relación con la naturaleza fundamentada en el mercado, que promueve la extracción y destrucción de ésta. Para Grosfoguel (2016), el extractivismo “sigue siendo uno de los procesos de explotación más problemáticos hoy día no solamente en América Latina, sino también en el mundo” (p. 126). El extractivismo, en la división del trabajo, es el mecanismo que vincula la explotación de “recursos naturales” y materias primas en regiones como América Latina y países como Colombia. Es desde este escenario que los procesos de deforestación a gran escala se ven más que como un daño ecológico, como una forma de acumulación de capital y de desarrollo nacional. Esta visión no solo es un proceso promovido por los estados-nación, sino que también hace parte de las dinámicas culturales cotidianas que ven en la tala masiva de árboles una fuente económica rentable y, muchas veces, necesaria para la supervivencia. Por ello, tenemos que América Latina es una de las tres regiones del mundo donde más avanza la deforestación, pues entre 1990 y 2015 la superficie forestal de la región perdió 96,9 millones de hectáreas, según el informe ‘El Estado de los Bosques’ realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2018).

 

  1. Conclusión: nativo ecológico, sujeto político ambiental en riesgo

 

En conclusión, la ecogubernamentalidad, al ser un proyecto moderno inscrito en la lógica de medios-fines de la racionalidad moderna, legitima y potencia políticas y prácticas nocivas para el medioambiente como lo es la deforestación masiva de los bosques en América Latina y Colombia. Como se analizó, la ecogubernamentalidad posicionó y reconoció la importancia de los pueblos indígenas y sus conocimientos y prácticas; sin embargo, dicha estrategia asimilacionista, en la actualidad, es fuente de conflictos socioambientales, dado que los indígenas como nuevos sujetos políticos ambientales actualmente son una de las poblaciones más afectadas por el modelo de desarrollo de los estados-nación modernos que, en aras de lograr el avance y el progreso nacional, sacrifican los bosques sobrevivientes para los intereses y necesidades del mercado y las sociedades de consumo.

Estas prácticas dejan en entredicho la supuesta defensa por la conservación de la biodiversidad y de la consecución de un desarrollo sostenible del proyecto ecogubernamental, así como la apuesta por no profundizar las relaciones de poder basadas en la diferencia étnica, de raza y de género. Esto se debe a que las poblaciones más afectadas a corto plazo, con la destrucción de los bosques y otros elementos vitales para la supervivencia en la tierra, son las mujeres, los indígenas, los campesinos y los afrodescendientes. No obstante, con el fortalecimiento de procesos que no protegen al medioambiente, será toda la humanidad la afectada a mediano plazo, poniéndonos a todos en riesgo de desaparecer por nuestra racionalidad en tiempos de ecogubernamentalidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias

 

Agronegocios. (9 de julio de 2020). Colombia perdió más de 158.000 hectáreas de bosques por deforestación en 2019.  Recuperado de: https://www.agronegocios.co/clima/colombia-perdio-mas-de-158000-hectareas-de-bosques-por-deforestacion-en-2019-3029121

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Grosfoguel, R. (2016). Del «extractivismo económico» al «extractivismo epistémico» y al «extractivismo ontológico»: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo. Recuperado de: http://www.revistatabularasa.org/numero-24/06grosfoguel.pdf

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[1] Investigación en curso desde el Programa de Política Exterior Colombiana (PIPEC) en la Universidad de los Andes.

[2] Politóloga, Magíster en Construcción de Paz de la Facultad de Ciencias Sociales y Magíster en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia. Directora del Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana (PIPEC). Es la Directora del Observatorio Regional ODS de la Universidad de los Andes, la Subsecretaria Internacional de Interculturalidad y Pueblos Indígenas de Íntegra América y Subdirectora Nacional de Biomas y Ecosistemas Estratégicos de la Alianza Global de Jóvenes Políticos.

[3] Este concepto, según Ulloa (2004), es un producto de discursos diversos generados por distintos actores desde diferentes puntos del espectro del poder en el que los indígenas son “considerados tanto por la comunidad académica como por el público en general, en Colombia y en el ámbito internacional como indígenas ecológicos que protegen el medio ambiente y dan esperanza a la crisis ambiental y del desarrollo” (Ulloa, 2001). Esto, para Ulloa (2001), implicó un cambio en la representación de los indígenas en el que se pasa de una idea de “sujeto colonial salvaje” a un “actor político-ecológico” (Rozo, 2020, p. 42).

 

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