Por Lorena Ruiz Alvarez[1]
Andrés Manuel López Obrador sostiene que “la actuación de malos servidores públicos no significa el mal comportamiento de una institución”. El presidente de la república comentó lo anterior con relación al informe rendido por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa donde se especificó que integrantes del Ejercito estuvieron al tanto del ataque a los estudiantes de la Normal Rural en Iguala, Guerrero, y no hicieron nada para evitarlo.
A pesar del avance significativo en el caso de los 43 de Ayotzinapa que se ha dado en la administración actual, parece que «dar a conocer la verdad y castigar a responsables» no es lo que brinda credibilidad a las instituciones, pues, como ya hemos visto, Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, fue implicado por un testigo del caso Ayotzinapa como integrante de una reunión de altos mandos el 7 de octubre de 2014 donde se construyó «la verdad histórica» de la mano de Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón y Gualberto Ramírez Gutiérrez.
La postura de López Obrador al señalar que «no todas las fuerzas armadas son iguales» cae en una afirmación peligrosa que invisibiliza la violencia y represión sistemática de la cual habrían sido víctimas noventa y cinco mil ciento veintiún personas por desaparición forzada hasta antes de noviembre de 2021, de acuerdo con El Comité contra la Desapariciones Forzadas de la ONU.
Hay que señalar que la militarización de un país ocurre cuando el pueblo se acostumbra a la presencia y actuar de los militares. Por ello es interesante poner atención en los actuales esfuerzos del presidente mexicano por militarizar a la Guardia Nacional, pues esto parecen enraizar las viejas prácticas del Ejército, el cual está históricamente vinculado con violación masiva y generalizada de derechos humanos. En tanto, minimizar la responsabilidad de una institución respecto a crímenes de lesa humanidad motiva a una mayor impunidad, así como corrupción dentro de los organismos del Estado.
Según la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Artículo 1 / o., el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen como misión «defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, etc.».
Retomando lo anterior se puede afirmar que el objetivo de las Fuerzas Armadas es el bienestar de la población. Por el contrario, a más de ocho años del caso Ayotzinapa se han liberado ordenes de aprehensión contra veinte mandos militares, cuarenta y cuatro policías, así como cinco autoridades judiciales del Estado de Guerrero.
Las Fuerzas Armadas y Policiales no serán confiables, ni mucho menos una opción ante la inseguridad mientras el Estado les permita atentar contra personas defensoras de los derechos humanos, militantes políticos, testigos de delitos relacionados con autoridades, así como cualquier individuo que incomode a las esferas de poder del gobierno. No se puede dar tanto poder a instituciones que han causado demasiadas heridas a la población.
#ayotzisomostodos
[1] Lorena Ruiz Alvarez es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ha colaborado en medios y revistas digitales como Especulativas y Lunatikas MX. Así como la antología Las Palabras de Sherezada coordinada por el Colectivo Hékate. Cuenta con una página de Instagram dónde sube textos informativos y creativos de su autoría.
