Por Paola Lizzet Trujillo Trejo[1]
La libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática, ya que garantiza el flujo libre de información y promueve la diversidad de opiniones. Sin embargo, en México, el ejercicio pleno de este derecho se ha convertido en un desafío para el periodismo. A lo largo de los años, las y los periodistas mexicanos han enfrentado una serie de obstáculos y amenazas que limitan su capacidad para informar de manera independiente y sin temor.
En el ejercicio profesional del periodismo, la difusión de la información a través de los medios de comunicación se vuelve una tarea complicada, debido a que, publicar materiales que se encuentren ligados a actos que han quebrantado a la ciudadanía por parte de políticos o de los cárteles de narcotráfico termina pagándose, en el peor de los casos, con la privación de la libertad, la privación de la vida.
La capacidad de investigar, recibir y difundir información con exactitud y rapidez tiene un enorme impacto en la salud de la libertad de expresión y en la democracia. Estar informados en esta sociedad mediática se considera el «oxígeno de la democracia», ya que una sociedad informada tomará mejores decisiones y tendrá un amplio panorama de su entorno, la vida política del país, la cultura general, las actividades deportivas, la economía, entre otros aspectos. Sin embargo, la difusión de información en ciertas áreas está restringida, limitando la libertad de acceder, informarse y ser informado, no solo para los periodistas, sino también para la ciudadanía.
En México, durante el periodo del 1 de enero de 2000 hasta el 31 de marzo de 2018 (teniendo a Enrique Peña Nieto, como presidente de la nación) se registraron 133 asesinatos de periodistas, incluyendo a 14 mujeres y 119 hombres, según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Así, México y Afganistán se destacan como los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Ante esta situación, surge la pregunta sobre si las autoridades realmente tienen interés en defender a las y los periodistas o si todas sus declaraciones son simplemente palabras vacías.
En un país donde los políticos no están constantemente llamados a rendir cuentas a la ciudadanía, las y los periodistas se convierten en sus principales enemigos por el simple hecho de denunciar, exponer a la ciudadanía lo que no está bien y hablar sobre temas que no son de agrado para los funcionarios.
Política y narcotráfico: arma de doble filo
El estrecho vínculo de la política con el narcotráfico en el país se convierte en el arma letal para silenciar las voces, para generar represión y decir que no pasa nada, todo está bien. Lo interesante de ello es que las agresiones a los profesionales de la comunicación provienen principalmente de quienes deberían garantizar el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el país: los funcionarios públicos.
El sexenio de Enrique Peña Nieto es considerado uno de los más violentos, con un incremento llamativo en asesinatos a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el país. R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con la organización Article 19 y Socialti presentaron el informe Gobierno espía, “en el que documentaron 76 intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos en México; en el que todo apuntaba hacia el gobierno federal como su artífice”.
Pegasus
Pegasus fue un programa de malware desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que se hizo famoso por su capacidad de infiltrarse en dispositivos móviles y ordenadores sin dejar rastro. Este software malicioso fue utilizado para llevar a cabo operaciones de espionaje en diferentes países, y se descubrió que había sido empleado en México para vigilar a periodistas, defensores de los derechos humanos y otros actores relevantes en la sociedad.
El funcionamiento de Pegasus era alarmante. Una vez que se instalaba en un dispositivo, ya sea a través de una técnica conocida como «phishing» o aprovechando vulnerabilidades en el sistema operativo, el programa tenía acceso completo a toda la información almacenada en el dispositivo. Esto incluía archivos, mensajes de texto, correos electrónicos, conversaciones de aplicaciones de mensajería, registros de llamadas, información de localización e incluso podía activar la cámara y el micrófono del dispositivo para espiar en tiempo real.
El impacto de esta intrusión en la privacidad y en la libertad de expresión fue devastador. El gremio periodístico y las personas defensoras de los derechos humanos, quienes desempeñan un papel fundamental en la denuncia de abusos y en la rendición de cuentas de los poderes públicos, se encontraron bajo una constante vigilancia y amenaza. El hecho de que el propio gobierno mexicano estuviera utilizando esta herramienta para espiar a sus críticos es profundamente perturbador y plantea serias interrogantes sobre la democracia y el Estado de derecho en el país.
La periodista Carmen Aristegui, reconocida por su labor investigativa en casos de corrupción en México, denunció públicamente el espionaje del gobierno y destacó la ironía de que los recursos económicos de los ciudadanos fueran utilizados para cometer actos ilícitos y violar la privacidad de los propios ciudadanos.
Este escándalo generó una amplia indignación tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general exigieron respuestas y acciones contundentes para garantizar que estos abusos no se repitieran. Se realizaron investigaciones independientes y se llevaron a cabo demandas legales contra el gobierno mexicano y la empresa NSO Group, en busca de justicia y rendición de cuentas. Este caso puso de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer las salvaguardias de la privacidad y la seguridad digital en México y en todo el mundo.
Es fundamental que los gobiernos establezcan mecanismos de control y supervisión efectivos para evitar el abuso de herramientas tecnológicas en detrimento de los derechos fundamentales. Asimismo, se requiere una mayor conciencia y capacitación en materia de seguridad digital por parte de las y los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos, para protegerse de futuros ataques y asegurar la confidencialidad de sus fuentes y su trabajo.
El caso Pegasus evidenció la vulnerabilidad de la privacidad y la libertad de expresión en el entorno digital. El espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos a través de este programa de malware puso en peligro la labor periodística y socavó la confianza en las instituciones gubernamentales.
Caso Javier Valdez y Miroslava Breach
Uno de los casos detonantes en México por el cual el gremio periodístico decidió alzar la voz fue el asesinato del periodista Javier Valdez y la periodista Miroslava Breach en 2017, ambos periodistas dedicados a denunciar los actos de corrupción por parte de políticos, criminales y su asociación con el narcotráfico en el país.
“Los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de cárteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mundos criminales que cubrían.” (The New York Times, Es, 2017)
Las amenazas hacia periodistas en su mayoría provienen de funcionarios públicos, los que tienen el poder, lo cual hace que se entorpezca las investigaciones para aclarar los hechos y hacer justicia ante la ola de violencia que se ha desatado por el único delito imperdonable de “escribir sobre la fractura que tiene el país”.
Al respecto, la Organización Artículo 19 en su informe “Periodistas desaparecidos en México” (2014) sostiene que, el noventa y seis por ciento de las victimas trabajaban en temas de corrupción y delincuencia, con posibles autoridades involucradas y se agrega que, 15 desaparecieron en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Michoacán. Un 23% de las víctimas investigaba el posible vínculo de autoridades en el nivel municipal, estatal y/o federal con grupos del crimen organizado, de esta manera se destaca que los periodistas son un grupo de particular vulnerabilidad en relación a estas violaciones, libertad de expresión y pleno ejercicio de su profesión.
Es importante resaltar que las investigaciones de periodistas desaparecidos y la resolución de casos de asesinato están plagados de irregularidades y hasta ahora no desembocan en ningún resultado, lo cual demuestra que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) —integrada a la PGR en julio de 2010— únicamente ha fomentado la impunidad (Valdez, J. 2016, Narcoperiodismo).
La situación de violencia en México es crítica, algo que puede olerse desde Tijuana, en la frontera del paso norte, hasta el sur sureste de México. Anteriormente puede que se tuviese la vaga idea de que los asesinatos hacia el gremio de periodistas únicamente ocurría en estados invadidos por grupos de narcotráfico, donde se evidencia una lucha constante por el territorio; sin embargo, la violencia se ha expandido hacia otros rincones, pero el gobierno hacía caso omiso a estos hechos hasta que mataron a Javier Valdez, periodista reconocido no solo en México sino a nivel internacional, lo cual detonó en el alzar la voz por parte de sus colegas y comunicadores en el gremio.
“Hasta que no se vuelva la muerte de periodistas y la protección del gremio un asunto de verdadero interés público, y se dote de autonomía, recursos y dientes a las instancias encargadas de investigar y sancionar las agresiones, con mecanismos independientes y efectivos para supervisarlas, no se lograrán avances reales en la materia ni para el pleno y libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en México”. (Valdivia J. (2017), El periodismo en México: contra la violencia, el espionaje y el bla, bla, bla).
La protección de las y los periodistas y la resolución de los crímenes cometidos contra ellos no pueden seguir siendo ignorados. Es esencial que estos asuntos se conviertan en un verdadero interés público, tanto a nivel nacional como internacional. El gremio periodístico desempeña un papel vital en una sociedad democrática al informar e investigar asuntos de interés público, exponiendo la corrupción y ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.
Para lograr avances reales en este ámbito, es necesario garantizar la autonomía de las instituciones encargadas de investigar estos delitos. La independencia y la imparcialidad son fundamentales para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y objetivas. Las autoridades competentes deben contar con los recursos adecuados para llevar a cabo su labor de manera eficiente y efectiva.
Asimismo, se deben establecer mecanismos independientes y efectivos de supervisión para asegurar que las investigaciones se realicen de manera transparente y se apliquen sanciones a los responsables. La impunidad no puede prevalecer, ya que solo fomenta un clima de miedo y silenciamiento en la profesión periodística.
Además de la protección y la resolución de los crímenes cometidos contra los periodistas, es necesario abordar las causas subyacentes de esta violencia. Esto implica la implementación de políticas integrales para combatir la corrupción, fortalecer el Estado de derecho y promover la transparencia en todos los niveles de gobierno. La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada también debe ser abordada de manera efectiva, desarticulando las redes criminales y asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia.
Garantizar el ejercicio pleno y libre del periodismo y la libertad de expresión es un pilar fundamental de una sociedad democrática. Solo cuando se brinde la protección adecuada a los periodistas y se resuelvan los crímenes cometidos contra ellos, se podrá fomentar un ambiente propicio para el periodismo independiente, el intercambio de ideas y la participación ciudadana.
Es imprescindible que se promueva el interés público en la protección de los periodistas y la resolución de los crímenes contra ellos. Esto requiere una mayor autonomía, asignación de recursos adecuados y una investigación efectiva por parte de las autoridades competentes. Solo a través de mecanismos independientes y una supervisión adecuada se podrán lograr avances reales en la garantía del ejercicio pleno y libre del periodismo y la libertad de expresión en México.
Referencias bibliográficas:
Artículo 19. (2014). Informe 2013: El derecho a la libertad de expresión en México. Recuperado de https://onx.la/c0b8c
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2023). Informe Anual 2023. Recuperado de https://onx.la/68ab5
R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales). (2017, junio 19). Gobierno espía. Recuperado de https://onx.la/da2fe
The New York Times, Es. (2017, abril 29). «Matar periodistas en México: el peligroso trabajo de informar». The New York Times. Recuperado de https://onx.la/eaff2
Valdivia García, J. (2017). El periodismo en México: Contra la violencia, el espionaje y el bla bla bla. Revista Análisis Plural, 143-162. Recuperado de https://onx.la/927cb
[1] Paola Lizzet Trujillo Trejo nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas y Maestra por la Universidad Iberoamericana, CDMX. Ha colaborado en proyectos de investigación en torno a la comunicación y el deporte. Participó en el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Delfín) en 2019 y ha sido ponente en los Congresos de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) en 2021 y 2022. Además, en el campo laboral se ha desempeñado como presentadora en radio y TV, reportera de cancha, redactora y Community Manager en medios y empresas deportivas.
