Por Cecilia Barona
“Nunca olviden que solo hace falta una crisis política, económica
o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados.
Estos derechos nunca pueden darse por sentados. Debes permanecer vigilante durante toda tu vida”
-Simone de Beauvoir
La construcción del Estado nación en México en el siglo XIX, igual que en muchos otros países (si no es que en todos), fue androcéntrica, centrada en la universalidad de las necesidades de los hombres. Ellos gobernaban, legislaban e impartían la justicia, y parte del entramado que era de su propiedad o de su pertenecía era el cuerpo y la vida de las mujeres. La acción femenina estaba centrada en el ámbito privado, a saber, en las labores del hogar, el cuidado de las personas enfermas, la enseñanza de ciertas actividades (la costura, por ejemplo), la partería, entre otras, pero en la vida pública no tenían ni la menor injerencia.
Hoy en día parece casi inimaginable una sociedad mexicana que no tenga la participación de las mujeres en la vida pública del país, sin embargo, hace apenas 67 años se logró el sufragio femenino a nivel federal y solo hace 43 años, por primera vez, una mujer gobierna un estado de la república. Con esto, el derecho político de las mujeres de votar y ser votadas se hizo una realidad, no obstante, la justicia de género[1] sigue siendo una exigencia vigente en la actualidad.
Desde antes de la obtención del voto, la lucha de las mujeres fue perseverante y lo sigue siendo. Sus exigencias constantes al Estado Mexicano, así como su ingreso y participación en espacios como la academia, asociaciones no gubernamentales, el activismo, el gobierno, el poder legislativo y el judicial (espacios que también el movimiento se ha ganado) han rendidos frutos. Hoy podemos hablar de las obligaciones que tiene el Estado por la firma y ratificación de Convenciones internaciones[2] como la CEDAW y la Convención Belém Do Pará, además de la expedición de las Leyes Generales[3] para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Una manera con la que el gobierno cumple con estas obligaciones es con policies, en otras palabras, con acciones de gobierno. Julio Franco (2013) clasifica la policy en tres dimensiones:
- Políticas de Estado: Son acciones que implementa únicamente el ejecutivo federal, que están plasmadas en la Constitución y transcienden los periodos de gestión de gobierno. Buscan alcanzar macro objetivos.
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