Por Jorge Eduardo Yáñez Lagos[1]
Introducción
El fin de semana del 20 de octubre del año 2019, Santiago de Chile fue declarado en estado de emergencia dadas las protestas sociales y los masivos daños registrados en la ciudad. En este sentido, la prensa extranjera, sorprendida ante el incipiente estallido social, se preguntaba ¿cómo el país más exitoso de América Latina podía estar sumido en semejante crisis? (Garín, 2019). De ahí que la reacción inicial del gobierno de Sebastián Piñera fuera afirmar que se trataba de un problema agudo de orden público. Pero, Carabineros no estaba preparado para eventos de dicha naturaleza; y, en efecto, el resguardo del orden público generó graves violaciones a los derechos humanos. Simultáneamente, Chile se encontraba al borde de una revolución sin líderes; en otras palabras, cerca del caos y la anarquía, con altos niveles de violencias en las calles. A partir de esto, entró el llamado a plebiscito para ingresar a un proceso constituyente que se inició el 25 de octubre del año 2020 (Larraín, 2021).
Más allá de los hechos mencionados anteriormente, se hace necesario discutir sobre la importancia de las instituciones en Chile; y, en particular, de la actual Convención Constitucional. En este sentido, se necesita repensar las instituciones, las relaciones entre sus habitantes, así como entre estos y el Estado. También, el Estado chileno requiere examinar su funcionamiento al interior del mismo. Bajo la lógica argumentada, Chile debe reformar su contrato social. Entonces, el desafío es reflexionar sobre la forma en que interactuamos los chilenos y chilenasLeer más