Este lunes 28 de abril se hizo de conocimiento público que la Secretaría de Salud había interpuesto una demanda penal contra Alaín Pinzón por destrucción de propiedad pública. Esta noticia nos hiere a quienes conocemos el trabajo de Alaín y hemos sufrido violencia médica en el sector público, así como a quienes han vivido el desabasto en carne propia. Me parece exagerado denunciar penalmente a un activista cuyo trabajo es proporcionar medicamentos a quienes no tienen acceso a este, ya sea por cambiarse de estado, por su condición migrante o por mera burocracia.
Se le acusa de destrucción de propiedad pública, ciertamente las manifestaciones de los colectivos VIH han sido históricamente manifestaciones de acción directa e iconoclastia. Lo que nunca aceptarán las instituciones es que ellos juegan con nuestras vidas, pues al haber desabasto corremos el riesgo de generar resistencia a los medicamentos, a ser víctimas de enfermedades oportunistas por la progresión del VIH e incluso a la muerte. Pero nadie se hace responsable de esa violencia institucional, nadie en el gobierno aceptará la incompetencia dentro del sistema de salud, porque sería aceptar que nos están matando.
En cambio, la Secretaría de Salud, a través de Triana Ivette Sánchez Lara ha promovido una acción penal en contra de Alaín por destrucción a la propiedad pública. Esto no es sólo desproporcionado, sino que es un mensaje político contra los activismos, en general, del VIH, en particular, y como tal no podemos guarLeer más









